Advertencia ignorada sobre peligro para discapacitados precede tragedia en Tel Aviv

Un día antes de que un misil impactara un edificio en Tel Aviv, matando a una cuidadora geriátrica, una petición a la Corte Suprema de Justicia advertía sobre el peligro inminente para personas con discapacidad durante los ataques. La petición destacaba que cientos de miles de israelíes no pueden acceder a refugios antibombas accesibles, convirtiendo las alertas de misiles en una mera recomendación sin valor práctico.

La petición, presentada por el Instituto de Jerusalén para la Justicia y la Asociación para la Promoción de los Cuidadores Geriátricos, reveló que aproximadamente el 20% de la población israelí, unos 1.8 millones de ciudadanos, vive con alguna discapacidad. Muchos de ellos, incluyendo aquellos en sillas de ruedas o que reciben cuidados geriátricos, se ven obligados a permanecer en sus hogares durante las alarmas debido a la falta de accesibilidad de los refugios en sus edificios o la dificultad de llegar a ellos a tiempo.

La ley israelí exige preparación para emergencias, y el Estado posee información relevante sobre las personas con discapacidad. Sin embargo, según los peticionarios, no existe un mecanismo operativo claro ni una entidad gubernamental que asuma la responsabilidad de garantizar la seguridad de esta población vulnerable. Esta falta de coordinación deja a las personas con discapacidad en una situación de peligro extremo, especialmente durante tiempos de conflicto.

La tragedia en Tel Aviv pone de relieve la necesidad urgente de abordar las deficiencias en la protección de las personas con discapacidad durante emergencias. La falta de refugios accesibles y la ausencia de un plan coordinado representan un fallo sistémico que pone en riesgo la vida de una parte significativa de la población israelí.

La petición exige que las autoridades tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las personas con discapacidad en futuras situaciones de emergencia, incluyendo la adaptación de refugios, la creación de protocolos de evacuación específicos y la asignación de responsabilidades claras a las diferentes agencias gubernamentales. La Corte Suprema deberá decidir sobre la admisibilidad de la petición y las medidas a tomar por el gobierno.