Bolivia declara estado de emergencia por crisis de bloqueos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el sábado 20 de junio de 2026 el estado de emergencia en el país sudamericano, una medida adoptada para enfrentar una crisis de bloqueos de carreteras que se ha extendido por 50 días y ha paralizado la economía nacional.

La declaración presidencial, que entró en vigor de forma inmediata, autoriza un despliegue más amplio de las Fuerzas Armadas para despejar los principales caminos y restaurar el orden público. Esta decisión otorga al presidente herramientas constitucionales ampliadas para manejar las protestas, incluyendo la facultad de utilizar tropas armadas para remover las obstrucciones viales que han interrumpido el suministro de alimentos, combustible y medicamentos esenciales.

La legislación boliviana establece que el presidente Paz debe notificar al Congreso sobre la declaración de emergencia en un plazo de 24 horas. Posteriormente, el poder legislativo tendrá 72 horas para ratificar o rechazar la medida.

La crisis se originó tras la decisión del presidente Paz, quien asumió el cargo en noviembre pasado tras casi dos décadas de gobiernos socialistas, de cancelar abruptamente los subsidios al combustible que habían beneficiado a los ciudadanos bolivianos por años. El mandatario justificó la medida como un paso necesario para reducir el déficit fiscal del país y abordar una severa escasez de dólares, en un contexto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, esta acción desató una ola de descontento que se mantuvo incluso después de que el gobierno intentara estabilizar los precios del combustible y revirtiera algunas reformas impopulares relacionadas con la tenencia de tierras.

Históricamente, Bolivia ha experimentado periodos de inestabilidad social y política, a menudo vinculados a políticas económicas y al control de recursos estratégicos. La llegada de Paz, una figura de centro-derecha, supuso un cambio significativo respecto a la administración del expresidente socialista Evo Morales, cuyos gobiernos se caracterizaron por la nacionalización de industrias clave y amplios programas sociales. Esta transición política ha exacerbado las tensiones preexistentes, con los manifestantes —que incluyen sindicatos, agricultores, mineros, maestros y comunidades indígenas, así como partidarios de Morales— exigiendo no solo la reversión de las medidas de austeridad, sino también aumentos salariales, soluciones a la escasez de combustible y dólares, y la dimisión del presidente Paz.

La implicación de las fuerzas militares en el manejo de protestas civiles en Bolivia es un paso delicado que puede tener profundas implicaciones para la estabilidad política y los derechos humanos en el país. Si bien busca restablecer la circulación y el funcionamiento de la economía, esta acción podría polarizar aún más a la sociedad y dificultar una solución dialogada al conflicto. La eficacia de esta medida para resolver el estancamiento dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para abordar las demandas subyacentes de los manifestantes y de la respuesta del Congreso a la declaración de emergencia.

El futuro inmediato del país dependerá de la aprobación del Congreso, que tiene hasta el martes 23 de junio para pronunciarse sobre el decreto presidencial. Entretanto, las autoridades buscarán implementar las acciones necesarias para mitigar los efectos de una crisis que ya ha tenido un alto costo económico y social, en un país que, además, es un destino popular entre los mochileros israelíes.