Madre e hijo traficaban drogas desde Rishon LeZion

La Unidad de Fiscalía de la Policía del Distrito Central presentó cargos este sábado 13 de junio de 2026 contra una mujer de 70 años, ex empleada del ayuntamiento de Rishon LeZion, y su hijo de 32, por presuntamente traficar drogas y sustancias prohibidas para potenciar el vigor desde su residencia en la ciudad.

La investigación reveló que durante los últimos cinco años, los acusados habrían utilizado un negocio legítimo de venta de accesorios sexuales dirigido a la comunidad LGBTQ+ como una fachada para sus actividades ilícitas. Desde su hogar, que servía como centro de almacenamiento y distribución, ambos gestionaban el comercio ilegal.

Según la acusación, la división de roles era clara: el hijo, de 32 años, se encargaba de coordinar con los clientes, organizar encuentros y realizar las ventas de la mercancía. La madre, por su parte, administraba las cuentas, emitía recibos y facturas "simuladas" para dar apariencia de legalidad a las transacciones, y se ocupaba de los informes anuales y de pérdidas y ganancias. Además, se le acusa de haber canalizado parte de los pagos de los clientes a su cuenta bancaria privada y, en ocasiones, de haber entregado personalmente la mercancía ilícita, que incluía una "droga de violación" y otras sustancias cuya comercialización está prohibida por el Ministerio de Salud.

La presentación de la acusación formal ante el Tribunal de Magistrados de Rishon LeZion marca el inicio de un proceso judicial contra los implicados. En Israel, los tribunales de magistrados (Beit Mishpat HaShalom) son la primera instancia para la mayoría de los delitos penales, donde se llevan a cabo los juicios iniciales y se dictan sentencias para casos menos graves o se inician los procedimientos para delitos mayores.

Este caso subraya la complejidad de la lucha contra el tráfico de drogas en Israel, donde las redes criminales a menudo emplean métodos sofisticados y fachadas legítimas para operar desapercibidas. La utilización de un negocio establecido, sumado a la implicación de una persona con un historial profesional en la administración pública, resalta los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden para identificar y desmantelar estas operaciones.

Como parte de las acciones legales, la policía ha solicitado la confiscación de bienes de los acusados por un valor de aproximadamente 1.5 millones de séqueles, 270.000 séqueles en efectivo y uno de los dos vehículos Tesla que poseían. Mientras el hijo permanece bajo arresto extendido hasta la conclusión de los procedimientos legales, la madre ha sido puesta en libertad bajo condiciones restrictivas, a la espera del desarrollo del juicio.