Asesora legal pide a Bagatz frenar exención militar Haredi

La Asesora Legal del Gobierno de Israel, Gali Baharav-Miara, solicitó este miércoles 26 de marzo de 2026 a la Corte Suprema de Justicia (Bagatz) que emita una orden provisional para impedir que la Knéset extienda la vigencia de la Ley de Servicio Nacional Civil. Esta legislación permite a los ultraortodoxos (Haredim) optar por el servicio nacional en lugar del reclutamiento militar, y la objeción de Baharav-Miara se alinea con la de los peticionarios, argumentando que la ley atenta contra la igualdad y las necesidades del ejército.

Baharav-Miara instó al tribunal a bloquear la extensión de una legislación complementaria que se desprende de la ya anulada Ley del Servicio de Seguridad. La Ley de Servicio Nacional Civil, cuya validez expira el 31 de marzo, permitía a los jóvenes Haredim exentos del servicio militar –debido a la Ley del Servicio de Seguridad previamente vigente– optar por un servicio alternativo. La Asesora Legal sostiene que, una vez invalidada la Ley del Servicio de Seguridad por el Bagatz, la base legal para otorgar exenciones ha desaparecido, eliminando también la posibilidad de elegir el servicio nacional como alternativa.

La propuesta legislativa que se tramita en la Knéset busca extender la mencionada ley, permitiendo incluso a aquellos con órdenes de reclutamiento optar por el servicio nacional. En su argumento, la Asesora Legal subrayó que este arreglo "crea de facto una situación en la que el servicio nacional-civil puede servir como una vía alternativa para aquellos cuyo reclutamiento fue pospuesto según las disposiciones del capítulo que expiró". Añadió que esto ocurre a pesar de la crítica escasez de personal en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y que el servicio nacional-civil no alivia la carga sobre los que sirven en las filas militares activas. Baharav-Miara también lamentó que la esperanza de que esta vía fuera una solución temporal para la integración en el servicio militar no se haya materializado.

El debate sobre la exención del servicio militar para la comunidad ultraortodoxa es una de las cuestiones más divisivas en la sociedad israelí, con raíces históricas que se remontan a los primeros años del Estado. Tradicionalmente, una minoría de estudiantes de yeshiva (escuelas talmúdicas) recibía exenciones para dedicarse al estudio a tiempo completo. Sin embargo, con el crecimiento demográfico de la población Haredi, el número de exentos ha aumentado significativamente, generando una creciente fricción con la mayoría secular y nacional-religiosa, que cumple con el servicio obligatorio en las FDI. La Corte Suprema ha intervenido repetidamente en este asunto, dictaminando en varias ocasiones que las exenciones amplias son discriminatorias y contravienen el principio de igualdad ante la ley.

El papel de la Asesora Legal del Gobierno, Gali Baharav-Miara, es fundamental en el sistema legal israelí. Actúa como la principal intérprete de la ley para el gobierno y, si considera que una política o legislación propuesta es ilegal o inconstitucional, puede oponerse a ella, incluso llevando su postura ante el Bagatz. El Bagatz, la Corte Suprema de Justicia de Israel, tiene la autoridad para anular leyes o decisiones gubernamentales que considere contrarias a los principios constitucionales del país, especialmente en temas de derechos humanos e igualdad. Este pulso entre el poder legislativo (Knéset), el poder ejecutivo (Gobierno) y el judicial (Bagatz), con la Asesora Legal como árbitro, es una característica central de la democracia israelí.

La intervención de la Asesora Legal del Gobierno en este momento crucial subraya la profunda división dentro de la coalición gobernante y en la sociedad israelí. El rechazo de Baharav-Miara a la extensión de la ley no solo representa un desafío legal, sino también un recordatorio contundente de la necesidad de igualdad en el servicio nacional, especialmente en un período de conflicto prolongado. La actual campaña militar de Israel, que requiere una movilización sin precedentes de reservistas y ha puesto una presión considerable sobre las FDI, hace que la escasez de personal sea una preocupación más apremiante. Este contexto militar intensifica la percepción pública de la injusticia en las exenciones Haredim, lo que podría generar mayor inestabilidad política y social si el Bagatz falla en contra de la posición del gobierno.

La decisión del Bagatz sobre la solicitud de Baharav-Miara se espera antes del 31 de marzo de 2026, fecha en la que expira la actual Ley de Servicio Nacional Civil. El resultado de esta deliberación tendrá implicaciones significativas no solo para la comunidad Haredi y las FDI, sino también para la estabilidad de la coalición gubernamental y la relación entre los poderes ejecutivo y judicial en Israel.