Críticas Afloran ante Movida Legal que Debilita Asesoría Jurídica

Abogados de alto perfil critican duramente la decisión del gobierno de avanzar en leyes y propuestas sin la aprobación del Asesoramiento Jurídico del Gobierno. Esta medida, que fue reportada inicialmente por ynet, es calificada como un “atentado institucional mayúsculo contra la democracia”.

Según los críticos, esta decisión eliminará las opiniones legales que garantizan que el gobierno actúe conforme a la ley, abriendo la puerta a acciones que podrían perturbar el sistema electoral. El momento de la decisión es particularmente sensible, tras el intento fallido de destituir a la Asesora Jurídica del Gobierno y en vísperas de las elecciones al Knesset.

Los abogados consideran que la aprobación de esta propuesta, impulsada por el Ministro de Justicia Yariv Levin, probablemente será impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia. Recuerdan que el tribunal ya dictaminó, al anular el despido de la Asesora Jurídica del Gobierno, Gali Baharav-Miara, que el gobierno debe respetar las opiniones del Asesoramiento Jurídico en asuntos relacionados con la legalidad y la corrección de sus acciones.

Los críticos advierten que la decisión del gobierno transmite el mensaje de que “la ley no es para nosotros”. Creen que esta medida es una continuación de la reforma judicial impulsada por el gobierno de Netanyahu, que incluye el intento de destituir a Baharav-Miara, el desconocimiento de la presidencia del Presidente de la Corte Suprema, el Juez Isaac Amit, y la legislación en curso para debilitar al Asesor Jurídico del Gobierno.

Los abogados señalan que esta decisión implica que “el Primer Ministro está por encima de la ley” y podría aprobar cualquier cosa que desee en el gobierno, especialmente considerando que no hay figuras en el gobierno que desafíen a Benjamin Netanyahu y que el Secretario del Gobierno, Yossi Fuchs, trabaja para su supervivencia política.

Según los críticos, esto abre la puerta a la arbitrariedad, la corrupción, el soborno y el saqueo de las arcas públicas. La Asesora Jurídica del Gobierno, Baharav-Miara, ha calificado la medida de “ilegal”.

Fuente: Ynet - Noticias