Debate en Israel: ¿Derogación del delito de abuso de confianza?

El debate sobre la derogación del delito de abuso de confianza en Israel ha cobrado fuerza, impulsado por críticas a su vaguedad y alcance excesivo. La propuesta, liderada por miembros de la coalición gobernante, busca anular la prohibición penal, argumentando que perjudica los derechos de los funcionarios públicos y la confianza en el sistema judicial.

El delito de abuso de confianza, según el Código Penal israelí, se refiere a un acto de fraude o abuso de confianza cometido por un funcionario público en el desempeño de su cargo, que perjudique al público. La ley no define específicamente qué constituye dicho acto, dejando la interpretación a los tribunales. Esto ha generado críticas sobre la falta de claridad y la posibilidad de investigaciones penales infundadas contra funcionarios públicos y políticos.

La derogación del delito podría tener implicaciones significativas para casos en curso, incluido el juicio del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, quien enfrenta acusaciones de abuso de confianza. Según el Código Penal, la derogación de una prohibición penal anularía la responsabilidad penal por su comisión y suspendería los procedimientos iniciados. Sin embargo, una ley de derogación con una excepción explícita para los procedimientos en curso podría ser impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia.

Los defensores de la derogación argumentan que la medida no está dirigida específicamente a Netanyahu, sino que busca abordar una deficiencia fundamental en el sistema judicial. El presidente del Comité de Constitución, Simja Rotman, ha declarado que la propuesta se mencionó en sus libros y en el programa de Sionismo Religioso antes de las elecciones a la Knesset.

La derogación del delito de abuso de confianza, a diferencia de su modificación, podría legitimar la corrupción flagrante que una sociedad civilizada aspira a erradicar. Un alcalde podría decidir que los parques se construirán solo cerca de las propiedades inmobiliarias de sus allegados y familiares. Los magnates y allegados podrán disfrutar de los servicios estatales más que cualquier otro ciudadano.

Fuente: Ynet - Noticias