Diputado califica de 'crimen de guerra' recortes a rehabilitación del Norte

El diputado Gilead Kariv del Partido Laborista acusó el miércoles 11 de marzo de 2026 al gobierno israelí de cometer un "crimen de guerra contra sus propios ciudadanos" al aprobar recortes transversales a los ministerios para financiar fondos de coalición, una medida que afecta directamente el presupuesto de rehabilitación del norte del país. La declaración se produjo en medio de una fuerte indignación de los líderes locales fronterizos.

En una entrevista radial, Kariv calificó la asignación presupuestaria como un "presupuesto de saqueo", comparando la acción con la incautación de propiedades en tiempos de guerra, una definición que, según él, constituye un crimen de guerra bajo el derecho internacional. Más tarde, el legislador matizó sus palabras, enfatizando que la cuestión central es el abandono de los ciudadanos israelíes por motivos políticos, confirmando que la respuesta a esa pregunta es afirmativa.

Los recortes transversales, aprobados de madrugada, incluyen la sustracción de aproximadamente 150 millones de séqueles destinados al presupuesto de rehabilitación de las comunidades del norte. Esta noticia generó un enfado considerable entre los líderes de las autoridades locales, quienes recibieron la información en plena noche, mientras sus asentamientos continuaban bajo fuego ininterrumpido desde Líbano.

David Azoulay, jefe del Concejo Local de Metula, fue particularmente crítico, calificando la decisión como "delirante". Azoulay, cuya comunidad ha estado sumergida en un proceso de rehabilitación durante casi año y medio, denunció que el presupuesto destinado a la recuperación no cuenta con el respaldo del gobierno ni del ministro a cargo de la reconstrucción, Ze'ev Elkin, quien, según Azoulay, "simplemente hace lo imposible para no desembolsarlo."

La indignación en el norte de Israel se enmarca en una situación de seguridad crítica y prolongada. Desde hace casi año y medio, las comunidades fronterizas con Líbano, como Metula, han estado bajo la amenaza constante de cohetes y ataques de Hezbolá, lo que ha forzado la evacuación de decenas de miles de residentes y ha causado daños significativos a la infraestructura y la vida civil. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han advertido repetidamente sobre la actividad de Hezbolá en la región, y batallones de reservistas, como el Givati, han extendieron indefinidamente su servicio en la frontera para mantener la defensa. La rehabilitación de estas zonas es crucial para el retorno de los evacuados y la resiliencia de la población. El sistema político israelí, caracterizado por gobiernos de coalición, a menudo negocia "fondos de coalición" (dinero asignado a partidos para programas específicos) durante la aprobación del presupuesto, lo que puede generar tensiones sobre las prioridades nacionales frente a los intereses partidistas.

La decisión de recortar fondos para la rehabilitación del norte en favor de asignaciones de coalición subraya una profunda división sobre las prioridades nacionales en Israel. Mientras las comunidades fronterizas luchan por recuperarse de los efectos de un conflicto que aún perdura, la percepción de que los intereses políticos partidistas priman sobre la necesidad urgente de reconstrucción podría erosionar la confianza pública en el gobierno. Este movimiento no solo ralentiza la recuperación física y social de las regiones afectadas, sino que también envía una señal preocupante a los residentes evacuados, quienes esperan el apoyo estatal para poder regresar a sus hogares y reactivar sus vidas en un entorno seguro. La acusación de "crimen de guerra", aunque luego matizada, refleja la intensidad del descontento y la frustración ante lo que se percibe como una falta de compromiso del gobierno central con sus ciudadanos más vulnerables en tiempos de crisis.

Se espera que este debate sobre las prioridades presupuestarias continúe en el Knesset y en la opinión pública. Los líderes locales del norte han prometido seguir presionando para la reversión de estos recortes y el desembolso completo de los fondos prometidos para la rehabilitación, especialmente mientras la amenaza de Hezbolá persista en la frontera.