EE.UU. prepara guía sobre actividad política para grupos religiosos

El gobierno de Estados Unidos anunció el martes 6 de abril de 2026 que emitirá una nueva “guía” dirigida a grupos religiosos sobre su participación en actividades políticas, con el objetivo de clarificar los límites y las libertades en este ámbito.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la administración con los principios constitucionales de libertad de culto. El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, subrayó la importancia de estos valores al afirmar que “la libertad religiosa es fundamental para nuestra Constitución, y la libertad de practicar la propia fe abierta y en comunidad es central en la historia estadounidense”.

La guía busca proporcionar claridad a las organizaciones religiosas sin fines de lucro, exentas de impuestos, acerca de lo que pueden y no pueden hacer en el ámbito político, especialmente en relación con campañas electorales y respaldo a candidatos.

La relación entre grupos religiosos y la política en Estados Unidos ha sido históricamente compleja y a menudo regulada por la Enmienda Johnson de 1954. Esta disposición del Código de Impuestos Internos prohíbe a las organizaciones exentas de impuestos, incluidas iglesias y otras instituciones religiosas, participar o intervenir en cualquier campaña política en nombre o en oposición a cualquier candidato a un cargo público.

La Enmienda Johnson busca salvaguardar la neutralidad política de las organizaciones con beneficios fiscales, impidiendo que los fondos destinados a actividades benéficas o religiosas se desvíen hacia campañas políticas. A lo largo de los años, ha sido objeto de debate, con llamados a su derogación o modificación por parte de algunos grupos que argumentan que limita la libertad de expresión religiosa.

La emisión de esta guía por parte del Departamento del Tesoro podría tener implicaciones significativas, ofreciendo una interpretación actualizada de las normativas existentes. Para los grupos religiosos, una mayor claridad podría prevenir violaciones involuntarias de la ley o, por el contrario, habilitar una participación más activa dentro de los parámetros legales establecidos. Esta medida también se interpreta como un esfuerzo para equilibrar la protección de la libertad religiosa con la integridad del sistema electoral y la separación Iglesia-Estado.

Se espera que los detalles específicos de esta nueva orientación sean publicados en los próximos meses, y su implementación será clave para definir el alcance de la actividad política permitida para las entidades religiosas en el país.