Israel extiende estado de emergencia judicial por guerra con Irán

El Ministerio de Justicia de Israel, bajo la dirección de Yariv Levin, extendió el estado de emergencia judicial hasta el 24 de marzo de 2026, una medida implementada el 28 de febrero de 2026 tras el estallido de la guerra con Irán.

Esta decisión, que afecta a los tribunales de todo el país, incluidos los tribunales laborales y los religiosos —rabínicos, drusos y sharia—, implica una reducción significativa de sus actividades. La declaración inicial del ministro Levin sobre este “estado de emergencia especial” tuvo validez hasta el 2 de marzo de 2026 y ha sido prolongada desde entonces, adaptándose a la situación actual del conflicto.

La autoridad del ministro de Justicia para reducir la actividad judicial en un “estado de emergencia especial” se deriva de regulaciones que fueron establecidas en 1991 y que han sido enmendadas periódicamente, incluso durante la presente guerra. La Ley de Tribunales otorga al ministro la potestad de emitir normativas de procedimiento en los juzgados y supervisar la aplicación de dicha ley, que rige el funcionamiento del sistema judicial.

El concepto de “estado de emergencia especial” se define en estas regulaciones como una situación en la que el orden normal de la vida en el país, o en parte de él, se ve alterado debido a la situación de seguridad, una preocupación real por un daño grave a la salud pública o un desastre natural. Históricamente, ministros de Justicia han activado estas disposiciones en áreas específicas de Israel durante crisis de seguridad previas, como los conflictos en la Franja de Gaza.

Este marco legal también fue aplicado de manera más amplia durante la pandemia de COVID-19, momento en el que las regulaciones fueron actualizadas para incluir emergencias sanitarias. Asimismo, se utilizó durante la Operación Espadas de Hierro y la guerra anterior con Irán en junio de 2025. La continuidad de esta medida subraya la gravedad de la actual confrontación con Irán y la necesidad del gobierno de adaptar las funciones estatales a las exigencias bélicas.

La extensión del estado de emergencia judicial subraya las implicaciones de la guerra en curso sobre la vida civil y las instituciones del Estado. Al restringir las actividades regulares de los tribunales, el sistema legal se ve forzado a priorizar casos urgentes y esenciales, lo que inevitablemente genera retrasos en otros procedimientos y afecta la capacidad de los ciudadanos para resolver sus disputas legales en tiempos ordinarios. Esta medida refleja una estrategia gubernamental para concentrar recursos y atención en la seguridad nacional, a expensas de la funcionalidad judicial plena.

El actual periodo de emergencia judicial estará vigente hasta el 24 de marzo de 2026, aunque su continuidad estará sujeta a nuevas evaluaciones por parte del Ministerio de Justicia en función de la evolución de la situación de seguridad en el país.