Israel frena aplicación de ley contra exención haredi militar

La Policía de Israel ha suspendido la aplicación proactiva de la ley contra jóvenes ultraortodoxos (haredim) que evaden el servicio militar, una situación que persiste incluso siete días después del cese al fuego declarado tras la guerra con Irán. Este hecho fue objeto de un debate crítico el domingo 13 de abril de 2026 en el Tribunal Superior de Justicia, que expresó su preocupación por la inacción del gobierno.

Fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que la interrupción de la actividad de reclutamiento haredi se inició durante el conflicto con Irán. Sin embargo, la actual falta de aplicación se atribuye a la negativa de la Policía de Israel a colaborar y escoltar los arrestos de desertores. Las FDI, según estas fuentes, no pueden operar en entornos civiles sin la coordinación policial necesaria para estas detenciones.

Un ejemplo de la falta de aplicación proactiva se dio recientemente, cuando un joven haredi fue arrestado de manera aleatoria en un control fronterizo hacia el Sinaí, al detectarse su situación durante el procedimiento rutinario. Este incidente subraya que las detenciones no son el resultado de operaciones planificadas en comunidades ultraortodoxas.

El Tribunal Superior de Justicia (conocido como Bagatz en Israel) abordó una solicitud de desacato presentada ante la persistente negativa del gobierno a cumplir con su fallo sobre el reclutamiento haredi. Durante la audiencia, el vicepresidente de la corte, Noam Solberg, cuestionó duramente a la representante de la policía, la superintendente en jefe Merav Wagner, afirmando que la situación denotaba una “inacción total”. Solberg también interpeló a la representante de la Fiscalía para que se comprometiera a reanudar la aplicación en zonas haredim, a lo que esta respondió que, lamentablemente, no podía garantizarlo y que los intentos de resolver las dificultades venían de tiempo atrás.

El tema de la exención militar haredi es una de las cuestiones más divisivas en la sociedad israelí. Desde la fundación del Estado, a los estudiantes de yeshivá (instituciones de estudio talmúdico) se les ha concedido una exención tácita para dedicarse al estudio religioso. Esta situación se formalizó con la Ley Tal en 2002, que permitía aplazar el servicio militar indefinidamente, pero fue declarada inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia en 2012. Desde entonces, el gobierno ha luchado por legislar una solución que cumpla con el principio de igualdad ante la ley, sin provocar una crisis de coalición ni una confrontación masiva con el sector ultraortodoxo. Las decisiones de Bagatz, que ejerce un papel crucial en la supervisión de la legalidad de las acciones gubernamentales, han presionado constantemente para poner fin a la discriminación en el servicio militar.

La actual suspensión de la aplicación de la ley plantea serias implicaciones para el Estado de derecho en Israel y para la cohesión social, especialmente en un momento en que el país ha enfrentado una guerra con Irán, lo que subraya la necesidad de una distribución equitativa de la carga del servicio. La falta de cumplimiento de las órdenes judiciales por parte del poder ejecutivo puede erosionar la confianza pública en las instituciones y profundizar las divisiones entre los diferentes segmentos de la sociedad israelí, ya que la carga del servicio recae desproporcionadamente en otros sectores de la población. Esta situación también pone a prueba la estabilidad de la coalición gobernante, que depende del apoyo de partidos haredim opuestos a cualquier medida de reclutamiento.

La representante de la Fiscalía informó al tribunal sobre una próxima reunión para mejorar la coordinación entre las FDI y la Policía en materia de aplicación. Se espera que el Tribunal Superior de Justicia emita nuevas directrices o exija un plan de acción concreto al gobierno para garantizar el cumplimiento de sus sentencias, lo que podría obligar a los ministerios de Defensa y Seguridad Pública a resolver las barreras para la aplicación.