Knesset avanza comisión política para investigar el 7 de octubre

La Comisión de Constitución, Ley y Justicia del Knesset aprobó el martes 9 de junio la propuesta de ley para establecer una comisión de investigación política sobre los eventos del 7 de octubre. La medida envía el proyecto a primera lectura en el plenario.

La votación se llevó a cabo sin la presencia de los miembros de la oposición. El texto actualizado de la propuesta especifica que el Contralor del Estado no designará miembros faltantes en la comisión, y esta podrá operar con un mínimo de tres de sus seis integrantes, incluso si no está completa.

El mandato de la futura comisión es llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva e independiente de los eventos de la masacre del 7 de octubre de 2023, la guerra subsiguiente y las circunstancias que condujeron a ellos. El informe final será entregado al presidente del Knesset y al gobierno israelí.

En cuanto a la composición, la comisión estará formada por seis ciudadanos israelíes. Se han establecido criterios estrictos de ineligibilidad: ninguna persona que haya ocupado cargos como juez de la Corte Suprema, primer ministro, ministro, oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de rango aluf (general de división) o superior, jefe o subjefe del Shin Bet (agencia de seguridad interna), Fiscal General, Fiscal Militar Principal o Asesor Legal del Shin Bet en los 18 años previos al 7 de octubre podrá ser miembro. Además, se requiere que al menos uno de los miembros sea elegible para ser juez de la Corte Suprema, lo que implica ser abogado con un mínimo de diez años de experiencia.

El ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de la organización terrorista Hamas, que resultó en la masacre de más de 1.200 personas y el secuestro de cientos, conmocionó a Israel y provocó una guerra prolongada en Gaza. Desde entonces, ha habido un fuerte clamor público por una investigación exhaustiva sobre las fallas de inteligencia y operativas. Una comisión de investigación parlamentaria, a diferencia de una comisión de investigación estatal, es establecida directamente por el Knesset y sus hallazgos pueden tener un peso político significativo. La ausencia de la oposición en la votación subraya la profunda polarización política sobre la forma y el alcance de esta investigación.

La decisión de avanzar con la formación de esta comisión sin el consenso de la oposición, y con la posibilidad de que funcione con un quorum reducido, plantea interrogantes sobre la percepción de imparcialidad y legitimidad de sus futuras conclusiones. En un contexto de alta sensibilidad y continua división nacional, un informe que no cuente con un amplio apoyo político podría ser percibido como partidista, exacerbando las tensiones internas en lugar de contribuir a la unidad nacional o a una rendición de cuentas ampliamente aceptada.

El proyecto de ley ahora continuará su tramitación legislativa, requiriendo votaciones en primera, segunda y tercera lectura en el plenario del Knesset para su aprobación final. Una vez promulgada la ley, el presidente del Knesset tendrá 14 días para proponer a los miembros de la comisión, previa consulta con las facciones de la coalición y la oposición.