Ministro Karhi enfrenta rechazos para comité contra filtraciones

El ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, impulsa desde las últimas semanas una iniciativa para establecer una comisión gubernamental que investigue lo que denomina "filtraciones criminales" a los medios de comunicación. Esta propuesta, cuyo borrador fue obtenido por Ynet y Yedioth Ahronoth el jueves 8 de mayo de 2026, ha encontrado dificultades para su conformación.

La propuesta de Karhi busca una mayor aplicación de la ley penal no solo contra quienes filtran información, sino también contra periodistas y medios que la reciben de funcionarios públicos a quienes se les prohíbe divulgarla. El enfoque principal de la investigación serían los materiales que podrían comprometer o interrumpir investigaciones y procesos judiciales, o aquellos que representan un riesgo para la seguridad del Estado.

Para presidir esta comisión, Karhi ha contactado a cinco jueces retirados, tanto de tribunales de paz como de distrito, quienes, según los informes, han declinado la oferta. En este momento, la comisión carece de una presidencia y de un equipo completo. Además de un juez, el ministro busca integrar a Hanan Amiur, conocido por su crítica a los medios y cuya designación anterior para el consejo de la Corporación de Radiodifusión Pública fue objetada por la Consejera Legal del Gobierno debido a sus vínculos políticos con ministros. Karhi también ha propuesto a Yulia Shamalov-Berkovich, la recién nombrada presidenta del Consejo de Cables y Satélites, y a Yifat Chai Ben Shegev, a quien también designó como presidenta del Consejo de la Segunda Autoridad, cargo que también encontró la oposición de la Consejera Legal.

La iniciativa del Ministro Karhi se enmarca en un período de tensión recurrente entre la administración gubernamental y diversos sectores de la prensa en Israel, donde las acusaciones de filtraciones son frecuentes en el debate público y político. Este tipo de comisiones gubernamentales se rigen por el Artículo 8 de la Ley del Gobierno de Israel, que permite a cualquier ministro establecer un comité de investigación dentro de su área de responsabilidad. Dichas comisiones deben ser presididas por un juez retirado y tienen la facultad de elaborar un informe que el ministro puede presentar a discusión en el Gabinete. Sin embargo, para que una comisión de este tipo obtenga plenas facultades de investigación, como la capacidad de citar testigos o solicitar documentos obligatoriamente, se requiere la aprobación y la firma del Ministro de Justicia. La Consejera Legal del Gobierno (también conocida como Fiscal General de Israel), Gali Baharav-Miara, juega un papel crucial en la supervisión legal de tales nombramientos, velando por la idoneidad e independencia de los candidatos, especialmente en casos donde se perciben conflictos de interés o sesgos políticos. Su oposición a ciertos nombramientos, como los de Amiur y Ben Shegev, subraya la importancia de la neutralidad en los organismos de control.

El esfuerzo por establecer esta comisión, incluso si finalmente no se materializa, envía una clara señal sobre la intención del gobierno de aumentar la vigilancia y el control sobre la información que llega a los medios. Este tipo de acciones tiene el potencial de generar un "efecto paralizante" en el trabajo periodístico, disuadiendo a fuentes internas de compartir información crucial para la rendición de cuentas pública, por temor a represalias penales. En una democracia vibrante como la israelí, la capacidad de la prensa para informar libremente sobre los asuntos gubernamentales y de seguridad es fundamental para mantener la transparencia y el escrutinio sobre el poder ejecutivo. La dificultad para encontrar un juez dispuesto a presidir la comisión refleja, además, la complejidad y la delicadeza de una iniciativa que podría percibirse como un intento de restringir la libertad de prensa.

Mientras el ministro Karhi continúa la búsqueda de un juez retirado para liderar la comisión, el futuro de esta iniciativa sigue siendo incierto. No obstante, la propuesta ya ha delineado una clara postura del Ministerio de Comunicaciones respecto a las filtraciones de información, que sin duda generará un debate sobre los límites de la libertad de prensa y la seguridad nacional en Israel.