Ministro Levin rechaza orden de la Corte Suprema sobre jueces

El Tribunal Supremo de Israel ordenó este domingo 1 de junio de 2026 al ministro de Justicia, Yariv Levin, convocar de inmediato el Comité de Selección de Jueces para nombrar magistrados en los tribunales de distrito, priorizando las sedes de Beer Sheva y Haifa. La decisión, unánime, fue rápidamente calificada por Levin como "ilegal" y, en un paso sin precedentes, el ministro anunció su intención de no acatarla, acusando a los jueces de "crear una crisis constitucional".

El fallo del Tribunal Supremo, emitido por los jueces Ofer Grosskopf, Alex Stein y Gila Canafi-Steinitz, surge tras un prolongado periodo de año y medio sin que el comité se haya reunido. Según la resolución, esta inacción ha provocado una "grave escasez de jueces en todas las instancias", una situación que se ha visto exacerbada por el "crecimiento significativo en el número de procedimientos judiciales debido a la guerra". La corte enfatizó que el sistema legal ya no puede soportar esta carga.

Los magistrados del Tribunal Supremo criticaron la postura de Levin, quien había argumentado que no podía finalizar el trabajo preparatorio necesario. La corte dictaminó que esta declaración "ignora la necesidad urgente de cubrir las vacantes" y señaló que las dificultades del ministro eran "producto de su propia conducta" y del extenso tiempo que tuvo para actuar. La decisión subraya la obligación del ministro de cumplir con el mandato incluso si requiere "esfuerzos especiales".

El Comité de Selección de Jueces es un pilar fundamental del sistema judicial israelí, responsable de nombrar a todos los jueces del país. Está compuesto por nueve miembros: tres jueces del Tribunal Supremo, dos ministros (uno de ellos el de Justicia, que lo preside), dos miembros del Knesset (Parlamento israelí) y dos representantes del Colegio de Abogados. Su correcto funcionamiento es vital para la administración de justicia y su parálisis ha sido un punto de contención recurrente en el contexto de la profunda "crisis judicial" que atraviesa Israel.

La negativa pública de un ministro a acatar una sentencia del Tribunal Supremo representa un choque de poderes sin precedentes en Israel, profundizando la polarización política. Este desafío directo al máximo órgano judicial podría desencadenar una crisis constitucional, poniendo a prueba los límites de la autoridad judicial y ejecutiva. La parálisis en el nombramiento de jueces, agravada por el aumento de casos derivados de los conflictos en Gaza y el Líbano, amenaza la eficiencia y legitimidad del sistema judicial en un momento crítico para la sociedad israelí.

La situación actual deja al sistema judicial en un limbo y podría requerir la intervención de otros actores políticos para resolver el conflicto. Se espera que la negativa de Levin provoque una fuerte reacción en el Knesset y entre los partidos de la oposición, así como un intenso debate público sobre el estado de derecho en Israel.