ONU amenaza a Israel con La Haya por sede de UNRWA en Jerusalén

La Oficina Legal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido formalmente a Israel con recurrir al Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya, tras la decisión del gobierno israelí de establecer un complejo del Ministerio de Defensa en la antigua sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Sheikh Jarrah, Jerusalén Este. La misiva, enviada el 17 de mayo de 2026, acusa a Israel de un “paso escalador” y de ignorar las exigencias de revertir las acciones sobre el complejo.

El plan aprobado por el gobierno israelí la semana pasada contempla la construcción de un museo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), una oficina de reclutamiento y un despacho para el Ministro de Defensa en la zona donde se ubicaba la sede de UNRWA, cerca de Givat Hatachmoshet (Colina de la Munición). La ONU reitera su posición de que este inmueble “fue y sigue siendo propiedad de la ONU”, argumentando que cualquier acción israelí en el lugar viola las obligaciones del país bajo la convención internacional.

En su carta, la ONU advierte sobre la posibilidad de activar el Artículo 30 de dicha convención, una cláusula que permite someter disputas legales entre la Organización y los Estados miembros al Tribunal Internacional de Justicia. La postura del organismo internacional es que la edificación de estructuras estatales permanentes en esta área de Jerusalén Este constituye una infracción del derecho internacional y de las leyes de ocupación, instando a Israel a tomar “medidas urgentes” para salvaguardar la inmunidad de la ONU y abstenerse de acciones adicionales contra sus bienes. Esta escalada podría formalizar un conflicto legal entre Israel y la ONU, abriendo la puerta a un proceso internacional.

La decisión israelí sobre la propiedad de UNRWA se enmarca en un contexto de crecientes tensiones y escrutinio sobre la agencia. Tras los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás en el sur de Israel, se revelaron denuncias de que varios empleados de UNRWA habían colaborado con la organización terrorista y que sus escuelas en la Franja de Gaza fueron utilizadas por Hamás durante años. Estas acusaciones, que incluyeron el señalamiento de un empleado de UNRWA involucrado en el secuestro del cuerpo de Yonatan Samerano, llevaron a varios países a suspender temporalmente la financiación de la agencia, generando una crisis humanitaria y política.

UNRWA, fundada en 1949 tras la Guerra de Independencia de Israel, tiene el mandato de proporcionar asistencia y protección a los refugiados palestinos. Su presencia en Sheikh Jarrah, un barrio de Jerusalén Este, es particularmente sensible debido al estatus disputado de la ciudad. Jerusalén Este es considerada territorio ocupado por gran parte de la comunidad internacional y los palestinos la reivindican como capital de su futuro estado. Sheikh Jarrah ha sido un punto de tensión constante, con disputas sobre la propiedad de tierras y viviendas entre residentes palestinos y colonos israelíes, simbolizando la complejidad del conflicto.

La amenaza de la ONU de recurrir al Tribunal Internacional de Justicia en La Haya representa una significativa escalada diplomática y legal para Israel. El TIJ, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, resuelve disputas entre Estados y, aunque sus sentencias son vinculantes, su aplicación puede ser un desafío. Una eventual demanda podría someter a Israel a un intenso escrutinio internacional sobre su soberanía en Jerusalén Este y sus acciones respecto a las propiedades de la ONU, exacerbando las presiones ya existentes en el ámbito internacional, especialmente en un momento de elevado conflicto regional. La decisión israelí subraya la profunda desconfianza hacia UNRWA tras las acusaciones de vínculos con Hamás, lo que configura un choque entre la seguridad nacional israelí y las normas del derecho internacional, tal como las interpreta la ONU.

Se espera que Israel evalúe cuidadosamente la misiva de la ONU y determine su respuesta ante la advertencia. La Organización de las Naciones Unidas, por su parte, deberá decidir si procede con la activación formal del Artículo 30 para llevar la disputa al Tribunal Internacional de Justicia, un paso que solidificaría un enfrentamiento legal de gran envergadura entre ambas partes.