Quejas contra jueces en Israel suben 43% por retrasos

El informe anual del Comisionado para las Quejas Públicas contra Jueces, Asher Kula, reveló este martes 30 de marzo de 2026 un notable aumento del 43% en las quejas presentadas contra jueces en Israel durante el último año. El documento, entregado al ministro de Justicia, Yariv Levin, y al presidente del Tribunal Supremo, Yitzhak Amit, detalló que las quejas pasaron de 770 en 2024 a 1.100 en 2025, y que casi el 80% de las reclamaciones consideradas justificadas se centraron en la prolongación y los retrasos indebidos en los procedimientos judiciales.

Este incremento en las quejas pone de manifiesto una creciente preocupación por la eficiencia y la celeridad del sistema judicial. El comisionado Kula identificó explícitamente la aceptación de "aplazamientos de audiencias" como un "mal endémico que debe ser erradicado", señalando que 19 de las 24 quejas justificadas correspondieron a defectos en la gestión de procesos.

El informe también señaló otras deficiencias específicas, como la imposición de una multa a un soldado reservista que faltó a una audiencia judicial al ser desplegado de urgencia en Siria, y el uso inapropiado del término "el difunto" para referirse a un terrorista en documentos judiciales. Las quejas se distribuyeron en distintos niveles, con 448 dirigidas a jueces de los tribunales de primera instancia (Magistrate Courts), 239 a tribunales de familia, 135 a tribunales de distrito y 64 a magistrados del Tribunal Supremo.

Durante su mandato, Kula ha procesado 1.199 quejas. Además, estableció nuevas directrices, como la decisión de no investigar quejas formuladas en lenguaje ofensivo y la imposición de restricciones a quienes no se vean directamente afectados por el acto denunciado, como los demandantes públicos. También se dejó sin tratar un significativo número de quejas, cerca de 900, entre la salida del anterior comisionado, Uri Shoham, en mayo de 2024 y la asunción de Kula en julio de 2025, creando un "atasco" en la resolución de casos.

El Comisionado para las Quejas Públicas contra Jueces (Natziv Telunot HaTzibur al Shofetim) es un organismo independiente fundamental en el sistema jurídico israelí, cuya función principal es investigar las reclamaciones ciudadanas sobre la conducta de los magistrados y así fortalecer la confianza pública en la justicia. En Israel, el poder judicial se organiza en una jerarquía que incluye tribunales de primera instancia, tribunales de distrito para asuntos más graves y apelaciones, y el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país. También existen tribunales especializados, como los tribunales de familia, que manejan casos específicos. Este informe se presenta en un momento en que la justicia israelí es objeto de escrutinio constante, como reflejan las discusiones sobre temas sensibles en el Tribunal Superior y las preocupaciones sobre la eficiencia de los procesos judiciales.

El significativo aumento de quejas, especialmente las relacionadas con la duración de los procesos, subraya un desafío fundamental para la administración de justicia en Israel: la necesidad de equilibrar la minuciosidad legal con la celeridad procesal. Los retrasos no solo erosionan la confianza del público en la capacidad del sistema para impartir justicia de manera oportuna, sino que también pueden tener un impacto directo en la vida de los litigantes. Las nuevas directrices del comisionado Kula, aunque buscan filtrar quejas infundadas o malintencionadas, también plantean interrogantes sobre el acceso de los ciudadanos a la supervisión judicial y la interpretación de lo que constituye una "parte directamente afectada", lo que podría limitar el alcance de la supervisión pública en el futuro.

Con la entrega del informe al ministro de Justicia y al presidente del Tribunal Supremo, se espera que las autoridades pertinentes evalúen las conclusiones y las recomendaciones del comisionado, que incluyen la sugerencia de poner fin al mandato de un vicepresidente de tribunal. Las observaciones de Kula sobre la necesidad de erradicar la "costumbre de los aplazamientos" y las directrices para la gestión de futuras quejas sugieren un posible enfoque renovado en la eficiencia procesal y la mejora de la conducta judicial, con el objetivo de restaurar y mantener la fe del público en el sistema de justicia israelí.