Tribunal Superior exige a ministro Levin cooperación judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Israel dictaminó por unanimidad este viernes 7 de junio de 2026 que el ministro de Justicia, Yariv Levin, tiene la obligación legal de cooperar con el presidente de la Corte Suprema, el juez Yitzhak Amit. El fallo también exige a Levin el pago de 30.000 shékels por los costes procesales de la parte demandante.

La sentencia establece que tanto el ministro Levin como el juez Amit deben actuar en conjunto en todos los ámbitos donde la ley exige su colaboración para la correcta implementación de sus respectivas competencias. Esta directriz busca asegurar el funcionamiento armónico entre las ramas del gobierno, especialmente en un contexto de tensiones institucionales.

En una reacción que no estuvo exenta de sarcasmo, el ministro Levin afirmó: "De manera inusual, estoy totalmente de acuerdo con la determinación del fallo de que es apropiado que el ministro de Justicia colabore con el presidente de la Corte Suprema, cuando exista uno". Esta declaración alude a su decisión de no reconocer el nombramiento de Amit como presidente de la Corte Suprema en enero pasado, tras una serie de retrasos y disputas verbales.

El Tribunal desestimó rotundamente los argumentos de Levin, quien sostenía que Amit no había sido nombrado legalmente y, por lo tanto, él no estaba obligado a cooperar. Los jueces subrayaron que, según principios jurídicos básicos, no se puede permitir que un funcionario se beneficie de haber frustrado deliberadamente una acción que tenía la obligación legal de realizar.

Asimismo, se rechazó la objeción del ministro sobre un supuesto defecto en la convocatoria del Comité de Selección Judicial del 26 de enero de 2025, donde Amit fue elegido presidente. Levin alegaba que la ausencia de tres de los nueve miembros viciaba el proceso. Sin embargo, el Tribunal aclaró que la ley solo considera inválido un comité si su número de integrantes disminuye por renuncia o fallecimiento, no por la simple inasistencia de algunos miembros a una reunión específica.

Este fallo se enmarca en la prolongada tensión entre el gobierno y el poder judicial israelí, exacerbada por la propuesta de reforma judicial del ministro Levin. Desde su presentación a principios de 2023, esta reforma ha buscado limitar significativamente las facultades del Tribunal Superior de Justicia, incluyendo su capacidad de revisión judicial y el proceso de nombramiento de jueces.

La controversia en torno al nombramiento de Yitzhak Amit como presidente del Tribunal Superior de Justicia es un ejemplo clave de esta fricción. El cargo había permanecido vacante durante un tiempo, y la negativa inicial de Levin a reconocer la elección de Amit fue vista como una manifestación directa de su desacuerdo con el statu quo judicial y un intento de afirmar la supremacía del ejecutivo. El Comité de Selección Judicial, un cuerpo de nueve miembros que incluye representantes del poder judicial, el ejecutivo y el legislativo, ha sido un punto central en las disputas políticas.

La decisión unánime del Tribunal Superior de Justicia reafirma la independencia del poder judicial y subraya la importancia de la separación de poderes en Israel, un país sin constitución formal. El fallo envía una señal clara de que el cumplimiento de la ley y la cooperación entre las ramas del Estado son obligatorios, incluso cuando existen profundos desacuerdos políticos. Para el ministro Levin y el gobierno, esta resolución representa un revés en sus esfuerzos por redefinir las relaciones entre el ejecutivo y el judicial, y podría obligar a una reevaluación de su estrategia respecto a la reforma judicial.

Con este dictamen, se espera que el ministro Levin deba ajustar sus acciones a las exigencias de cooperación con la presidencia de la Corte Suprema. Aunque el fallo no especificó los próximos pasos, la resolución refuerza la posición del poder judicial en el marco del persistente conflicto judicial que atraviesa el país.