Universidades de EEUU enfrentan acciones legales y administrativas por antisemitismo

Dos universidades estadounidenses se encontraron el 1 de abril de 2026 en el centro de decisiones legales y administrativas relacionadas con el antisemitismo. Un juez federal desestimó una demanda millonaria contra la Universidad de Georgetown, interpuesta por una ex empleada despedida por publicaciones antisemitas, mientras que la Universidad de Washington retiró a un director de su cargo tras responsabilizar a Israel de la guerra con Irán.

En el caso de Georgetown, la ex empleada Anessa Johnson había exigido 10 millones de dólares en daños tras ser destituida por una serie de mensajes antisemitas en redes sociales. El fallo judicial respalda la decisión de la universidad de rescindir su contrato en respuesta a la conducta.

Simultáneamente, la Universidad de Washington decidió remover al director de su Centro de Estudios de Medio Oriente, Aria Fani, quien había enviado un correo electrónico atribuyendo a Israel la responsabilidad de la guerra con Irán. Fani se encuentra de baja hasta septiembre.

Además, una investigación federal sobre discriminación en la Universidad de Pensilvania (Penn) llevó a un juez a ordenar a la institución que proporcione información detallada sobre su personal judío. Un portavoz de Penn manifestó preocupación, argumentando que la creación de "listas de profesores y personal judíos" y la entrega de información de contacto personal plantea serias objeciones de privacidad y de la Primera Enmienda.

Estas acciones judiciales y administrativas se producen en un contexto de creciente escrutinio sobre el manejo del antisemitismo en los campus universitarios de Estados Unidos, una preocupación intensificada significativamente tras los eventos del 7 de octubre de 2023. Numerosas universidades han enfrentado acusaciones de no proteger adecuadamente a sus estudiantes judíos y de permitir la proliferación de discursos de odio. Las instituciones académicas se encuentran bajo una presión considerable para equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de mantener un ambiente inclusivo y seguro para todas las comunidades.

Las decisiones recientes en Georgetown y la Universidad de Washington, junto con la orden judicial a Penn, reflejan un endurecimiento en la postura legal y administrativa frente a las manifestaciones de antisemitismo en el ámbito académico. El desestimar la demanda contra Georgetown subraya la capacidad de las universidades para tomar medidas disciplinarias ante discursos de odio explícitos, mientras que la remoción de un director en la Universidad de Washington muestra la sensibilidad institucional hacia las narrativas que atribuyen responsabilidades infundadas a Israel en conflictos regionales. El caso de Penn, por su parte, pone de manifiesto el complejo equilibrio entre la lucha contra la discriminación y las preocupaciones legítimas sobre la privacidad y los derechos constitucionales.

La Universidad de Pensilvania continúa evaluando sus opciones legales respecto a la orden de proporcionar los datos de su personal judío, mientras que la situación de Aria Fani en la Universidad de Washington se mantendrá bajo observación hasta su regreso de baja. Se espera que el escrutinio federal sobre las políticas universitarias en relación con el antisemitismo persista, potencialmente llevando a nuevas investigaciones y decisiones legales en los próximos meses.